Ninguna autoridad ha combatido la corrupción

Ninguna autoridad ha combatido la corrupción
Ninguna autoridad ha combatido la corrupción / Excelsior
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Las autoridades mexicanas, dígase Gobierno, oposición, Ejecutivo y Legislativo son unos embaucadores. No sólo no han combatido la corrupción sino que la fomentan como lo explica María Amparo Casar en su columna para Excelsior.


Aquí te dejamos su opinión:


Gobierno federal, gobiernos estatales y partidos se han revelado como unos impostores de la lucha contra la corrupción. Ni en la acción política ni en la acción legislativa cumplen con los compromisos adquiridos.


No hay manera de saber qué administración, federal o estatal, desde que inició la transición a la democracia ha sido la más corrupta.


Tampoco se sabe qué partido se lleva el premio mayor de la corrupción. Lo que sí se sabe es que gobierno y oposición, Ejecutivo y Legislativo, son unos embaucadores.


Peña Nieto y su partido se comprometieron en campaña a combatir de frente y sin titubeos la corrupción. No sólo no la han combatido.


No sólo la han tolerado. La han practicado. Ni siquiera han cuidado que el Presidente y su círculo más cercano estén al margen de actos presuntamente delictivos o, al menos, de incurrir en conductas de muy dudosa pulcritud o ética pública:

Capufe, el tren México-Querétaro, la Casa Blanca y ahora el préstamo de Grupo Higa al secretario de Hacienda. Ya se sabe, hoyos en la ley para exculparlos siempre habrá.


Los legisladores no han sido mejores. Más de un coordinador parlamentario y diversos legisladores han sido señalados por cometer actos de corrupción o por faltar al principio de transparencia. Gobierno y oposición desprecian a la opinión pública porque se saben intocables.


En la acción legislativa tampoco han cumplido sus compromisos. En campaña el Presidente hizo varias ofertas que siguen sin cumplirse.


Por ejemplo, “establecer un comité técnico con expertos de la sociedad civil para que construyan y le den seguimiento a los indicadores concretos para medir la transparencia y el combate a la corrupción” o que “los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil podrán participar como testigos sociales en las principales compras que haga el gobierno”.


Ya en el poder señaló el combate a la corrupción como una de sus cinco prioridades. Llegando a la Presidencia envió una iniciativa, pero lejos estuvo de cabildearla como hiciera con otros proyectos de su preferencia. En el Congreso la dejó morir.

Los partidos quedaron igual de mal que el Presidente. A dos años de haber firmado el Pacto por México, han incumplido su compromiso de poner en marcha un sistema nacional contra la corrupción a partir de un órgano nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.


El PRI desfiguró su compromiso al insistir en que el Presidente y los gobernadores se erigieran en sus propios jueces a través de un sistema nacional de integridad pública presidido por el primero y con participación de los segundos.


¿Cómo verían a Juan Díaz auditando los recursos del SNTE, a Moreira como responsable de investigar la deuda de Coahuila, a Aguirre encargado de los sucesos de Ayotzinapa o al propio Ruiz Esparza conduciendo las pesquisas sobre la licitación del tren México-Querétaro?


Los partidos de oposición no se quedan atrás. Es cierto que el PRI tiene poder de veto en ambas cámaras, pero el PAN junto con el PRD y el bloque de izquierda en el Senado y esa misma coalición más el Panal en la Cámara de Diputados podrían impulsar por sí mismos una ley anticorrupción que actualice los delitos y faltas administrativas, una ley de fiscalización que armonice los trabajos de la Auditoría Superior, la Función Pública y los órganos fiscalizadores estatales así como una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.


Todas éstas, presentadas a manera de propuesta por un colectivo de la sociedad civil el pasado 10 de diciembre.


Se sabe que la percepción sobre la corrupción se eleva medición tras medición; que los mexicanos la consideramos uno de los principales problemas del país; que cada vez son más las empresas  que declaran hacer “pagos ilegales” para agilizar un trámite o conseguir un contrato; que la prensa reporta cada día un mayor volumen de presuntos actos de corrupción; que estas denuncias no se traducen en averiguaciones previas; que de las pocas denuncias, el 98% queda  impune.


Se sabe también que una proporción muy elevada de los ciudadanos piensa que se justifica romper la ley si se considera injusta y que el costo de la corrupción fluctúa entre 2% y 9% del PIB, según si se consideran costos directos o indirectos. Finalmente, las últimas encuestas de evaluación demuestran claramente que entre 7 y 8 de cada 10 personas desaprobamos la manera en que el Presidente o el jefe de Gobierno del DF han enfrentado la corrupción.


Estos indicadores deberían ser suficientes para alarmar o al menos llamar la atención de las autoridades. No fue así. Culpándose los unos a los otros, el Presidente y todas las fracciones parlamentarias acordaron cerrar el periodo legislativo sin entregar resultado alguno: ni moderaron su conducta ni establecieron comisiones de investigación ni legislaron.


Más que una disculpa lo que hace falta es terminar con el desdén hacia lo que la opinión pública refleja y demanda en materia de corrupción.

 

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